Apicultores y exportadores, al ampararse, consiguieron que el juez
decretara por el momento, la suspensión de la siembra de la soya
transgénica en la Península de Yucatán, según se informó recientemente
en una reunión de trabajo realizada en la ciudad de Mérida.
Se
presentó además un informe de los laboratorios INTERTEK que confirma la
contaminación del diez por ciento de las muestras de mieles mexicanas
por ellos procesadas, con los transgénicos o llamados Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), lo cual impedirá su exportación al
mercado europeo. Asimismo, investigadores mexicanos continúan en alerta
comparando los datos del número de muestras mexicanas contaminadas con
la de los otros países, en especial con las de Argentina.
Expertos
reunidos en la sede del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD) con representantes de agrupaciones civiles, empresarios y
técnicos provenientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, evaluaron la
situación y las repercusiones del cultivo de los transgénicos en la
península yucateca.
La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca
Y Alimentación (SAGARPA), una de las instituciones mexicanas
involucradas en la autorización del cultivo de la soya transgénica,
hasta el momento no ha emitido su postura a los productores y ciudadanos
que se la han solicitado.
La aprobación de la ley de la
bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, aclara cada
vez más que se hizo a espaldas de los mexicanos y que la consulta
ciudadana que organiza el gobierno federal y que vence éste 3 de abril,
con la finalidad de incrementar la superficie a cultivar de soya
transgénica a 60 mil hectáreas en la Península de Yucatán, está hecha de
tal manera que resulta casi imposible para los apicultores participar
(son los principales afectados), coincidieron los participantes.
Indicaron
que el portal electrónico abierto para consulta, aparte de que resalta
que tipo de información debe recibir, falla constantemente y se bloquea.
De
esta forma, una vez más, se muestra como las instituciones mexicanas
imponen leyes ajenas a la realidad a los productores y que sus efectos
van en detrimento de la economía de sus familias y sólo están acordes a
los intereses de las grandes transnacionales, como Monsanto. Sin embargo
esta Ley de Bioseguridad que rige el cultivo de los transgénicos en el
país, fue aprobada por los legisladores y sus respectivos partidos
políticos, pues ellos son los responsables directos y también hay que
pedirles cuenta y ubicar a los partidos o los políticos que la
aprobaron, que resultaron ser empresarios del ramo.
En esta misma
reunión, donde participaron representantes de las agrupaciones civiles,
empresarios y técnicos provenientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo,
resaltaron la necesidad de articular un trabajo conjunto entre todos
los actores involucrados, para conocer la situación real del impacto de
los transgénicos en la miel, sus efectos en la economía de los
productores mayas y sus implicaciones en la salud pública.
También
se informó sobre los resultados del Taller Internacional de Apicultura
Orgánica que se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ante
la consulta sobre la liberación de la soya transgénica, emitieron una
opinión firmada por representantes de 24 países y que será entregada a
la SAGARPA, solicitando que este cultivo no se siembre en la Península
de Yucatán y Chiapas, para proteger no solo la apicultura, sino también
la agricultura tradicional y la salud de las familias del campo.
Los
académicos y expertos aclararon la incompatibilidad al sistema
intensivo ligado a la soya, con el sistema de manejo de recursos
naturales de la Península de Yucatán, porque ante el uso de excesivos
insumos como es el caso de los herbicidas, termina por contaminarse el
manto freático y el suelo.
Entre los acuerdos generales de esta
reunión de trabajo, estuvo continuar con las líneas de investigación
sobre el impacto de los cultivos de la soya transgénica, el monitoreo de
la contaminación de las mieles y del polen e informar a la población de
sus repercusiones sobre la salud.
Queda claro que este modelo de
desarrollo agrícola impuesto, no estará propiciando el desarrollo local,
sino sólo está ligado a las grandes empresas, ya que se confirma que la
soya se siembra en tierras particulares, pero también en ejidos que
rentan sus tierras a empresarios y a familias menonitas. Se ha
detectado, sobre todo en Campeche, que la siembra de esta soya
transgénica, se hace en tierras que antes eran selvas, lo cual significa
el cambio del uso del suelo, excesivamente rápido y muchas veces de
forma ilegal, aclararon los participantes.
Finalmente cabe
resaltar también que la Ley de Bioseguridad, contiene aspectos que
impiden la participación directa de los municipios, porque los ubica
como la comunidad, sin embargo, existen otros marcos legales, como el
artículo primero de la constitución mexicana recién reformada en el año
2011, que puede darle cobijo a las demandas de los campesinos y
apicultores mayas de la Península de Yucatán.
fuente: articulo 7.
REPUBLICADO POR EL PORTAL DEL APICULTOR/ ESPAÑA
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